Cristóbal Colón descubrió a América en 1492. y a partir de ahí por 260 años colonizaron nuestros pueblos y se apoderaron de todas nuestras riquezas, crearon gobernaciones y virreinatos para gobernarlos bajo las órdenes del rey de España y fue así como tomaban todas las decisiones administrativas e imponían los impuestos, era tanta la carga tributaria que Manuela Beltrán se reveló y con ella el pueblo; con el transcurso del tiempo la situación se puso más tensa y fue necesario enviar un delegado de España para que se acogieran a una nueva junta.

Fue así como los criollos acudieron donde José González Llorente, comerciante español, a prestar un jarrón para decorar la mesa del visitante y ante su negativa se desató el grito de independencia, crearon su propia junta y firmaron el acta de independencia el 20 de julio de 1810. Durante los 9 años siguientes se dieron enfrentamientos entre los criollos y los españoles, enfrentamientos que terminaron en la batalla de Boyacá, el 7 agosto de 1819 en cabeza de nuestro libertador Simón Bolívar. Vale la pena recordar la lucha que dieron todos estos héroes para lograr nuestra independencia, y vale la pena reflexionar ahora frente a las decisiones que hemos tomado con esta libertad lograda con el derramamiento de sangre de tantos hombres y mujeres que entregaron sus vidas para que hoy nuestra ciudadanía libre y democrática pueda ser una realidad.

En memoria de estos héroes invito a utilizar la riqueza de nuestra libertad, fortaleciendo la bendición de la vida, llevando a quienes nos rodean el respeto y la tolerancia para vivir responsablemente en una sociedad y una Colombia que necesita nuestro compromiso en la garantía de los derechos y deberes constitucionales y en el respeto por un estado social de derecho que tiene al ciudadano como el objetivo del cumplimiento de sus fines. Por lo anterior invito a celebrar el día de la independencia con la profundidad de su significado, utilizando esta gran herramienta de la libertad haciendo feliz al otro sin importar las diferencias de credo, política o raza que nos hacen diferentes y que en vez de separarnos, permiten construir.

Igualmente, creo que aún falta un largo camino para lograr una independencia completa, la corrupción hoy es uno de los más grandes problemas en este país que siendo tan rico, tiene a varias regiones en la pobreza y la desigualdad social.

Belén de Bajirá territorio que se encuentra en disputa actualmente por los departamentos de Antioquia y Chocó, posee una ubicación estratégica y una riqueza natural por cuenta de los minerales que posee, cuenta con una población aproximada de 16.000 habitantes y una extensión de 2.000 Kilómetros, un territorio con un potencial por sus ventajas comparativas pero que también ha sido testigo del abandono estatal y la falta de inversión pública por décadas.

Para comprender esta coyuntura es necesario dar claridad sobre algunos aspectos, uno de ellos es que en Colombia existe una entidad que se llama el IGAC (Instituto geográfico Agustín Codazzi) entidad de orden nacional encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia, según el IGAC en Colombia existen 84 diferendos limítrofes entre departamentales y municipales. El otro aspecto importante es que nuestra Constitución Política definió que es el Congreso de la República el órgano competente para definir los límites territoriales como lo señala el Artículo 150 numeral 4, es así que en el año 2.011 se expide la Ley 1447 que es el marco normativo actual para definir las competencias en materia limítrofe.

Esta ley señala que es el Congreso y las comisiones de Ordenamiento Territorial de Senado y cámara quienes deben las competentes para hacer revisión de los límites y definirlos, en este caso el IGAC cumple una función técnica que le permite al Congreso contar con los argumentos para tomar sus decisiones.

La actual disputa que ocupa la coyuntura que hoy tiene como protagonista a Belén de Bajirá se remonta desde tiempo atrás, hay que destacar que en el año 1.975 la Asamblea Departamental declaró a Belén de Bajirá como corregimiento del municipio de Mutatá mediante la Ordenanza 47 de 1.975.

Así como en el año 2.000 la Asamblea Departamental de Chocó mediante ordenanza 011 declaró a Belén de Bajirá como municipio de Chocó, dando como resultado que el Consejo de Estado en segunda instancia declarará la nulidad del acto administrativo por no tener la competencia para definirlo, también es necesario anotar que en diferentes consultas al Consejo de Estado se ha conceptuado que el limite provisional es el definido por el IGAC hasta que el Congreso determine según su competencia cual es el límite.

En medio de toda esta situación hay varios aspectos a tener en cuenta, uno es que el actual Gobierno en negociación con la mesa del Paro cívico en Chocó que uno de los puntos que se acordaron fue la expedición del mapa oficial por parte del IGAC donde se ubicará como territorio Chocoano a Belén de Bajirá situación expuesta en días pasados por el actual Gobernador del Chocó, el segundo es que el Congreso de la República tiene el deber constitucional y legal de resolver este litigio entre los dos departamentos.

Como antioqueña hago un llamado a la defensa del territorio, a que el gobierno nacional no se exceda en el límite de sus competencias y busque resolver una situación conflictiva generando división en los pueblos , aunque el Consejo de Estado ha señalado que una consulta popular no es vinculante para este caso, si es necesario contar con la voz de la ciudadanía de Belén de Bajirá, son ellos quienes deben ser también escuchados porque el territorio no solo hace relación a un lugar geográfico sino a factores culturales y de idiosincrasia , a la relación que se tienen con la cultura, a las tradiciones y al arraigo de un pueblo con su espacio.

Belén de Bajirá no debe ser motivo de disputa entre el pueblo antioqueño y chocoano, sino debe llamarnos a la construcción de un territorio que genere desarrollo para sus ciudadanos, a donde pueda llegar la inversión del Estado y se supere la brecha de pobreza y desigualdad que ha golpeado por mucho tiempo por los malos manejos de muchos gobiernos.

Quiero expresar mi apoyo a las gestiones que deben realizar las autoridades departamentales para mantener la unidad del territorio y que este sea un llamado al Gobierno a respetar la Ley por encima de todo y que no se usurpen las competencias que señala nuestra Constitución Política, y al Congreso a que pueda definir esta situación que genera tensión entre dos territorios hermanos como Antioquia y Chocó.

Rosa Acevedo.

El pasado 11 de Mayo los educadores del país, vinculados a FECODE (Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación), el mayor sindicato de profesores del país, se encuentran en paro, convocando a cerca de 380.000 maestros en todo el territorio nacional para que cesen sus actividades indefinidamente..

Actualmente cerca de 8 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran fuera de las aulas de clase por el cese de actividades iniciada por los maestros. La razón que ha llevado al paro es el incumplimiento del pliego de condiciones pactado en el año 2.015 con el sindicato de maestros. Y unas nuevas exigencias presentadas que se pueden resumir en tres puntos clave: aumento salarial, mejoría en el sistema de salud y reforma a la jornada única.

Dentro del pliego presentado por FECODE al Ministerio de Educación Nacional (MEN) se pueden identificar algunos puntos que son claves para poder llegar a un acuerdo entre los dos sectores. Uno de ellos es el aumento de la financiación a la educación pública a 7,5% del PIB, quiere decir que el gobierno nacional debe comprometerse a generar mayores recursos para la educación pública. Actualmente el gobierno nacional no ha cumplido con la implementación de la jornada única en el país porque no se ha construido la infraestructura necesaria para llevar a cabo dicha tarea.

Así mismo, los estudiantes deben tener unas condiciones mínimas para la permanencia en el sistema escolar como son: la alimentación y el transporte, asegurando de esta manera que puedan tener un mejor desempeño y evitando que se incrementen los niveles de desescolarización

Los educadores del país también piden unas mejores condiciones salariales generando incentivos para que se dignifique el ejercicio de la docencia, así mismo, también se pide al gobierno nacional que se mejore las condiciones de acceso a los servicios de salud, hoy los profesores cuentan con un régimen especial de Salud establecido en la Ley 91 de 1.989 que no ha dado respuesta a los problemas de acceso al derecho fundamental de la salud por parte de los docentes. Donde se encuentran en un sistema arcaico de la salud colombiana, la tramitología de las EPS desangran a nuestros maestros, no pueden acceder a una salud digna de una prestación de un servicio fundamental.

El gobierno nacional en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos ha denominado su Plan de Desarrollo 2.014 - 2.018 “Paz, Equidad y Educación”, poniendo como uno de los pilares la educación, pero la situación actual que vive este sector no refleja la voluntad política del gobierno para abanderarse de la educación como motor de transformación y de cierre de brechas para los sectores más excluidos de la sociedad.

Nuestra carta magna reafirma la educación como un derecho fundamental, y es allí donde el gobierno nacional debe poner todo su interés en asegurar que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan las mejores condiciones educativas para poder generar su desarrollo y propiciar condiciones que eviten que caigan en el círculo de la pobreza.

Hoy los maestros y maestras de todo el país se unen para pedir unas condiciones dignas para el ejercicio de su profesión, mejoras en la calidad educativa y mayor presupuesto para la educación pública, la respuesta del gobierno nacional es que no se cuenta con los recursos para acceder al pliego de condiciones de este sector.

Este es un llamado para que se piense en el bienestar superior de los estudiantes, un día más por fuera del aula de clase representa una restricción a sus derechos fundamentales que deben ser protegidos y el Estado no ha hecho pronunciamientos y pone trabas en los acuerdos, debido a que sus intereses están en otros puntos, según para ellos más importantes que la educación, cuando sabemos que el educar un país es el futuro para las nuevas generaciones.

Aunque los gobiernos están llamados a un administración eficiente de los recursos y a ser responsables en el manejo fiscal del presupuesto, no por esta razón, se puede desatender el llamado de un sector tan importante como el educativo, si queremos construir un mejor país, debemos apostar a una educación pública de calidad que destine mayores recursos para mejorar las condiciones de infraestructura.

Pero no se puede tener una mejor educación si nuestros docentes no cuentan con buenas condiciones salariales que permitan que se dignifique el ejercicio de la profesión docente en Colombia y que estimule a que muchos de nuestros jóvenes tomen el camino de ser maestro.

Creo que la Educación es el motor de la transformación social y que es la mejor herramienta para construir un país en paz, espero que el gobierno nacional y los maestros puedan llegar a un acuerdo donde se vea reflejada la voluntad por hacer un esfuerzo por mejorar la educación de nuestro país y que se respete el derecho fundamental de tener un país más educado.

Porque no se puede desatender las exigencias válidas de nuestros maestros por un lado, pero por otro se negocia con grupos que han estado al margen de la ley, debemos construir un país donde se respete y se asegure las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales y se distribuyan los recursos para el beneficio de nuestros ciudadanos y poder creer en el eslogan de la presidencia “Equidad para todos”.

Rosa Acevedo

Ex candidata a la Alcaldía de Itagüí

Nuevamente nuestro país se encuentra frente a un nuevo caso de violencia contra la mujer, este nuevo hecho deja como víctima a Claudia Johana Rodríguez quien fue asesinada a manos de su ex pareja de forma violenta en la ciudad de Bogotá. En el mes pasado el municipio de Itagüí también fue testigo de un caso de feminicidio que término con la vida de una mujer, cada día estamos frente a nuevos hechos, los medios de comunicación siguen evidenciando lo alarmante de esta problemática pero las cifras van en aumento.

La violencia contra la mujer es un problema público que debe ser asumido con toda la contundencia por todas las autoridades y debe someter a debate el papel de la mujer en la sociedad.

Las formas de violencia contra la mujer se ven expresada en diferentes formas: física, sexual, psicológica y económica. Según estudios de la OMS (Organización Mundial de la Salud) la cifra de mujeres que han sufrido de algún tipo de violencia por su pareja íntima va en algunos países del 8% al 59%, quiere decir esto, que estamos frente a un problema que no es exclusivo de nuestro país sino que se evidencia en todas las latitudes.

Estas formas de violencia contra la mujer tienen diferentes causalidades relacionadas con elementos de orden cultural, familiar, institucional que han permeado este fenómeno, hace algún tiempo era considerado un hecho que hacia parte de la esfera privada pero hoy estamos frente a un problema que dejo de ser parte de lo íntimo y paso a ser público, un problema de salud pública que según datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud el 64,1% de las mujeres ha sido víctima de algún tipo de agresión.

Según cifras de Medicina Legal en lo que va corrido del año 2017 en el país han sido asesinadas 204 mujeres, de los cuales 24 han sido por su pareja o expareja sentimental. Las cifras de violencia sexual en el año 2.016 ascienden a 15.082 casos, en violencia intrafamiliar se registraron 34.754 casos en el año 2.016. La Fiscalía General de la Nación señaló que en los últimos 10 años se han abierto 34.571 casos de los cuales solo se han dado 3.658 condenas según un informe de El Espectador, cifra que prende las alarmas frente a la baja capacidad operativa de la justicia para hacer efectivas las condenas.

Nuestro país ha desarrollado una serie de medidas de orden normativo como la Ley 1257 de 2.008 que busca prevenir las formas de violencia contra la mujer, la ley 1761 de 2.015 Ley Rosa Elvira Cely, Ley 1773 de 2.016 Ley Natalia Ponce,

Toda esta producción normativa recuerda hechos lamentables como el de Rosa Elvira Cely, el ataque con ácido a Natalia Ponce, la muerte de Yuliana Samboní y el de muchas mujeres que no tienen rostro para los medios de comunicación pero que hacen parte de las estadísticas que día a día destruyen nuestro tejido social.

A pesar que existen los elementos normativos, para que se aplique con severidad la justica, la mujer sigue siendo re victimizada porque no encuentra en los aparatos de justicia un apoyo y una protección por parte del Estado, falta más articulación de las diferentes instituciones y una política pública de prevención de las formas de violencia.

Como sociedad debemos repudiar cualquier hecho que atente contra la integridad y la libertad de la mujer, no se puede tolerar que se siga maltratando a la mujer, una sociedad que es indolente frente a estas situaciones es una sociedad que está enferma, como mujer y como ciudadana mi apoyo a todas las mujeres que hoy son víctimas de maltrato.

Si queremos construir una sociedad en paz, debemos trabajar por el empoderamiento de la mujer en todas las instancias, fomentar la independencia económica, la participación política y el fomento de los valores del respeto y la libertad de la mujer, y velar porque se pueda generar espacios de sana convivencia y resolución de conflictos basado en el respeto por el otro. La violencia contra la mujer no es un hecho de puertas para adentro, es un problema que nos convoca a todos y todas como sociedad, y nos invita a repensar los valores sobre los que estamos cimentando nuestras familias.

Como ciudadana también es un llamado a las autoridades para trabajar de manera articulada y armónica para no revictimizar a la mujer, que exista un trabajo coordinado entre las diferentes instituciones y que se castigue con todo el peso de la ley a quienes violentan las mujeres, pero más allá de eso, debe existir una política de prevención donde se promueva el desarrollo de la mujer en todas sus formas y la equidad de género.

Mi solidaridad con las mujeres víctimas del maltrato y con las familias que hoy sufren la perdida de ellas, por eso me uno a la consigna ¡NI UNA MENOS, NI UNA MÁS!

Rosa Acevedo Jaramillo

Ex candidata a la Alcaldía de Itagüí