Colombia ha sido un país marcado generacionalmente por el flagelo del microtráfico y el narcomenudeo, y los más afectados han sido nuestros menores, prueba de esto, es que entre el año 2012 y septiembre de 2018 fueron aprehendidos en el país 50.742 niños, niñas y adolescentes por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, según reporte de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional y de la Policía de Infancia y Adolescencia.
En el caso de Itagüí el consumo y la distribución de estupefacientes, también es una problemática social. Según la cartilla académica Retomás “en nuestro municipio el 21,7 % de los jóvenes entre los 13 y 18 años de edad, consume drogas”. Por lo tanto, el microtráfico se ha convertido en una amenaza alrededor de las instituciones educativas por la posible vinculación de nuestros niños y jóvenes en este tipo de riesgos; lo que promueve también nuestro rechazo al reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional que permite el consumo de drogas y bebidas alcohólicas en espacios públicos.
Por ello, es necesario afianzar las políticas públicas y dirigir los recursos a los programas de prevención en consumo de sustancias,
fortaleciendo la educación y generando mayores oportunidades. Es entonces, que como Estado debemos trabajar en el fortalecimiento institucional para reducir el uso de las drogas y sus consecuencias adversas para la sociedad.
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