En mi columna de esta semana quiero hablarles sobre un tema de coyuntura nacional que es muy triste, sobre todo para quienes en las urnas votamos por el NO en el plebiscito del acuerdo de paz y el gobierno de Juan Manuel Santos pasó por encima de la voluntad popular desconociendo el resultado de éste, de ahí en adelante nuestro partido Centro Democrático ha dado una lucha incansable por demostrarle a la opinión pública la impunidad de la que gozan los líderes de las FARC que no han reconocido sus crímenes.

Hay que recordar que el proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Santos estableció que se creará una Justicia especial o lo que hoy conocemos como la JEP (Justicia Especial de Paz) donde se llevarían todos los procesos que anteriormente tenía la justicia ordinaria para que tuvieran unas penas diferenciales, nuestro partido siempre mostró oposición a la creación de este organismo de justicia porque abriría las puertas a la impunidad, hoy a los colombianos nos cuesta $200.000 mil millones de pesos su funcionamiento anualmente y hasta el momento no hemos visto que se cuente la verdad de sus crímenes y se repare a las víctimas.

En el mes de marzo la JEP abrió el caso 07 en el cual se “prioriza el reclutamiento forzado y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado. También investiga otros delitos de los que pudieron ser víctimas, como consecuencia o en relación con su vinculación a la guerra”, la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad SRVR de la JEP mediante auto número 029 del 01 de marzo de 2019 tiene como hipótesis que “ la incorporación de niñas y niños a las filas de los grupos armados, o su utilización en actividades propias del conflicto, fue una política orientada a incrementar la capacidad militar de las Farc, apoyar sus necesidades de operación como grupo armado, asegurar el desarrollo de sus actividades “. 

Y es que según el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica 17.778 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados y utilizados por los grupos armados legales e ilegales. El 25,89% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, mientras que el 71,27% a niños y adolescentes hombres. El OMC estableció, además, que de ese total 4.857 pertenecieron a las guerrillas y 1.581 a los paramilitares

El reclutamiento forzado es reconocido por el DIH (Derecho Internacional Humanitario) como un crimen de guerra, y ha sido documentado por los organismos de seguridad y justicia del Estado colombiano que ésta ha sido una práctica sistemática de los grupos al margen de la ley, y para el caso específico de las Farc se cuenta con información de sus conferencias guerrilleras donde se establecía los parámetros de reclutamiento de los menores de edad.

Uno de los primeros documentos de las Farc que hace alusión a cómo debían integrarse los futuros guerrilleros a la naciente organización armada es la “Declaración Política de la Segunda Conferencia Guerrillera del Bloque Sur”, fechada el 5 de mayo de 1966, la máxima instancia deliberativa de la otrora fuerza insurgente.

Pero en este proceso que se adelanta no solo se hace alusión al tema del reclutamiento forzado sino también los abusos sexuales contra las mujeres y niñas, la Fiscalía colombiana en un informe del año 2016 señaló que tenían cerca de 100 denuncias sobre casos de violencia sexual contra niñas en las filas de las FARC, es así que en el año 2017 se creó la Corporación Rosa Blanca con 25 mujeres víctimas de violencia sexual y que fueron reclutadas forzosamente cuando eran niñas, en reiteradas ocasiones ellas han manifestado ante el Congreso los delitos sexuales que fueron cometidos por los miembros de la cúpula de las Farc.

La JEP indicó que con este proceso se vinculaba a 37 miembros de esa guerrilla y se citó a rendir versión voluntaria de ellos a 14, entre los cuales se encontraba, Rodrigo Londoño “Timochenko” y pastor Alape dos de los miembros de la cúpula de la guerrilla, y en sus versiones han sostenido que el reclutamiento no era una práctica sistemática del grupo armado, y que sí se llegó a presentar fue sin conocimiento de los líderes.

Entonces  la opinión pública debe preguntarse si el Centro Democrático, tenía o no la razón cuando mostró oposición a un proceso de paz que no buscaba la reparación de las víctimas sino la impunidad de sus cabecillas, y es que el caso del reclutamiento forzado y la violencia sexual es uno de los hechos más dolorosos de los que se tenga memoria en nuestra historia política, porque muchos de estos niños y niñas fueron separados de sus padres, obligados a cometer crímenes, generando graves daños psicológicos y físicos que estarán marcados para siempre en sus vidas.

Como lo han documentado diferentes medios de comunicación, este proceso presenta dificultad porque muchos de los menores que fueron reclutados en su niñez, no tenían conocimiento de la violación a sus derechos y no hacen parte de alguna de las organizaciones de víctimas que se han creado, quedando en muchos casos por fuera sus versiones ante la justicia y viendo truncadas sus posibilidades de una justicia y reparación real y efectiva.

Cabe preguntarnos entonces si realmente vamos a construir una paz verdadera, cuando quienes cometieron estas atrocidades hoy gozan de privilegios como curules en el Congreso de la República, y ni siquiera le han contado la verdad al país, pasando por encima del dolor de las víctimas que dejaron. Este es un llamado a unirnos como país para que exijamos justicia, verdad y reparación para las víctimas, no podemos tener un país en paz cuando nuestra niñez ha sido violentada y los responsables de ellos no tienen el valor de contar la verdad aún cuando las víctimas han tenido que enfrentarlos.

Como concejal del Centro Democrático defiendo los valores de la justicia y creo que solo podremos construir una verdadera paz cuando tengamos un Estado fuerte, cuando no se premie a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, y cuando exista una reparación real a las víctimas, porque mientras tengamos una justicia amañada para estos delincuentes estamos allanando el camino para nuevas formas de violencia.

Por: Rosa Acevedo Jaramillo

Concejal del municipio de Itagüí

4 de septiembre de 2020

Luisa* es una joven de 22 años, madre de una menor de 2 años, convivía con su pareja, en la cuarentena fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su compañero sentimental, después de ser agredida decidió irse a casa de sus padres, la situación de desempleo ha desencadenado síntomas de depresión, ésta es una historia que tuve la oportunidad de conocer en mi trabajo comunitario, pero es una de las miles que tenemos en nuestro municipio.

Y es que con la pandemia y el confinamiento que por cerca de 5 meses hemos tenido que vivir, obligó a que nuestro estilo de vida cambiará radicalmente, trasladamos las oficinas a nuestros hogares, con ello la fatiga y el cansancio se hicieron notables por las jornadas de estudio con nuestros hijos que ahora requerían de una mayor atención. Para muchos el desempleo y las carencias económicas se hicieron reales y para otros tantos ciudadanos la enfermedad y la muerte tocaron sus puertas.

Todo este cúmulo de situaciones cambió nuestra manera de vivir, y aunque aún no hemos superado la pandemia, nuestro país intenta retomar su actividad económica en lo que hemos llamado “la nueva normalidad”, pero detrás de ese panorama está lo que la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha denominado la otra pandemia: la de la salud mental. Y cuando hablamos de salud no sólo nos referimos a la física, sino a un concepto amplio que tiene que ver con un estado de bienestar del individuo que abarca lo mental, espiritual y social.

Durante mucho tiempo la salud mental fue considerado un tabú para la sociedad, y cuando se tenía alguna alusión al tema sólo se pensaba en trastornos asociados a la esquizofrenia y otros de mayor gravedad, pero hoy tenemos una mayor comprensión de lo mental, sabemos que la depresión, trastornos del sueño, trastornos de alimentación, trastornos de ansiedad, estrés son comunes en nuestras sociedades y hacen parte de las enfermedades que tienen que enfrentar los profesionales de la salud.

Según la OMS en el mundo existen 264 millones de personas que sufren depresión y al menos 792 millones sufren algún problema de salud mental, y en su mayoría las afecciones aparecen en la adolescencia, siendo el suicidio la segunda causa de muerte en la población juvenil según este organismo. Y cuando hablamos de la salud mental de los colombianos el panorama es igualmente desalentador, el incremento de los problemas de violencia intrafamiliar y los suicidios se han hecho más notorios con el confinamiento. El Instituto Colombiano de Medicina Legal reveló que en la cuarentena se han reportado 27.000 casos de violencia intrafamiliar, en su mayoría relacionados con sus parejas sentimentales, así mismo el Observatorio Colombiano de las Mujeres reporto que se presentó un incremento del 175% en los casos de consulta a las líneas de atención por violencia a la mujer.

Un reciente estudio de la Universidad de Barcelona en cooperación con el Colegio Colombiano de psicología titulado “Efectos de la salud mental de la población colombiana durante la pandemia del COVID – 19”  da cuenta del impacto que ha tenido la cuarentena sobre la ciudadanía, según este estudio el 35% de las personas han presentado síntomas de depresión, el 29% están relacionados con el trastorno de ansiedad, el 54% manifestó sentirse nervioso, 43% cansado, el 63% desmejoró sus condiciones laborales y el 50% redujo su actividad física.

Todas estas cifras y hechos que vemos en las noticias no pueden desconocerse, el deterioro de la salud mental es la otra cara de la pandemia, y como tal debe ser entendido como un problema de salud pública. De ahí la importancia que en nuestro municipio se mejoren los programas de prevención y promoción de la salud mental, con el personal psicosocial capacitado para atender a nuestros ciudadanos. Y es que el municipio de Itagüí no es ajeno al panorama que vivimos a nivel nacional, casos como el de Luisa que conocí son el pan de cada día, nuestras familias han tenido que convivir en varios casos con el consumo de sustancias psicoactivas en nuestros jóvenes, muchas de nuestras mujeres han sido violentadas por sus parejas y hemos conocido casos de jóvenes que han recurrido al suicidio como alternativa.

Tenemos la responsabilidad como sociedad de hablar del tema, de desmitificar los problemas de salud mental, saber que en cualquier momento de nuestra vida podemos vivir un cuadro de depresión o de ansiedad y no por ellos debemos ser estigmatizados, sino brindar el apoyo y recurrir a los profesionales expertos para tratar todas estas patologías. La mejor manera de enfrentar este problema que hoy vivimos es desde lo institucional con el fortalecimiento de los programas de salud mental a la población, así como una mayor destinación de recursos para hacer un trabajo integral en salud, que busque la prevención de conductas como el suicidio, la violencia intrafamiliar y el consumo de sustancias psicoactivas.

Como les señalé anteriormente, la salud es un tema integral y por eso es deber de todos trabajar por la salud mental propia y la de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Algunas de las claves que recomiendan los profesionales de la psicología y que en mi caso me han servido para afrontar estas situaciones son: el ejercicio físico, una alimentación saludable, dormir bien, pasar tiempo con la familia y los amigos, disfrutar de la naturaleza, desarrollar un pasatiempo, ejercicios de relajación y control de la respiración; y lo más importante tener tiempo para hablar con Dios.

El bienestar de los itagüiseños es una prioridad en mi quehacer político, por eso desde el Concejo Municipal trabajo para que la salud mental de los itagüiseños sea una prioridad, pero es un esfuerzo en conjunto que tenemos como sociedad y como familia, debemos estar atentos a las señales de alerta cuando nuestra mente así lo indique para buscar ayuda profesional, así como rodear a las personas que padecen algún problema de salud mental, porque si tenemos una población sana mentalmente tendremos mejores condiciones de calidad de vida.

*El nombre fue cambiado por respeto a su privacidad.