En mi columna de esta semana quiero hablarles sobre un tema de coyuntura nacional que es muy triste, sobre todo para quienes en las urnas votamos por el NO en el plebiscito del acuerdo de paz y el gobierno de Juan Manuel Santos pasó por encima de la voluntad popular desconociendo el resultado de éste, de ahí en adelante nuestro partido Centro Democrático ha dado una lucha incansable por demostrarle a la opinión pública la impunidad de la que gozan los líderes de las FARC que no han reconocido sus crímenes.
Hay que recordar que el proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Santos estableció que se creará una Justicia especial o lo que hoy conocemos como la JEP (Justicia Especial de Paz) donde se llevarían todos los procesos que anteriormente tenía la justicia ordinaria para que tuvieran unas penas diferenciales, nuestro partido siempre mostró oposición a la creación de este organismo de justicia porque abriría las puertas a la impunidad, hoy a los colombianos nos cuesta $200.000 mil millones de pesos su funcionamiento anualmente y hasta el momento no hemos visto que se cuente la verdad de sus crímenes y se repare a las víctimas.
En el mes de marzo la JEP abrió el caso 07 en el cual se “prioriza el reclutamiento forzado y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado. También investiga otros delitos de los que pudieron ser víctimas, como consecuencia o en relación con su vinculación a la guerra”, la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad SRVR de la JEP mediante auto número 029 del 01 de marzo de 2019 tiene como hipótesis que “ la incorporación de niñas y niños a las filas de los grupos armados, o su utilización en actividades propias del conflicto, fue una política orientada a incrementar la capacidad militar de las Farc, apoyar sus necesidades de operación como grupo armado, asegurar el desarrollo de sus actividades “.
Y es que según el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica 17.778 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados y utilizados por los grupos armados legales e ilegales. El 25,89% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, mientras que el 71,27% a niños y adolescentes hombres. El OMC estableció, además, que de ese total 4.857 pertenecieron a las guerrillas y 1.581 a los paramilitares
El reclutamiento forzado es reconocido por el DIH (Derecho Internacional Humanitario) como un crimen de guerra, y ha sido documentado por los organismos de seguridad y justicia del Estado colombiano que ésta ha sido una práctica sistemática de los grupos al margen de la ley, y para el caso específico de las Farc se cuenta con información de sus conferencias guerrilleras donde se establecía los parámetros de reclutamiento de los menores de edad.
Uno de los primeros documentos de las Farc que hace alusión a cómo debían integrarse los futuros guerrilleros a la naciente organización armada es la “Declaración Política de la Segunda Conferencia Guerrillera del Bloque Sur”, fechada el 5 de mayo de 1966, la máxima instancia deliberativa de la otrora fuerza insurgente.
Pero en este proceso que se adelanta no solo se hace alusión al tema del reclutamiento forzado sino también los abusos sexuales contra las mujeres y niñas, la Fiscalía colombiana en un informe del año 2016 señaló que tenían cerca de 100 denuncias sobre casos de violencia sexual contra niñas en las filas de las FARC, es así que en el año 2017 se creó la Corporación Rosa Blanca con 25 mujeres víctimas de violencia sexual y que fueron reclutadas forzosamente cuando eran niñas, en reiteradas ocasiones ellas han manifestado ante el Congreso los delitos sexuales que fueron cometidos por los miembros de la cúpula de las Farc.
La JEP indicó que con este proceso se vinculaba a 37 miembros de esa guerrilla y se citó a rendir versión voluntaria de ellos a 14, entre los cuales se encontraba, Rodrigo Londoño “Timochenko” y pastor Alape dos de los miembros de la cúpula de la guerrilla, y en sus versiones han sostenido que el reclutamiento no era una práctica sistemática del grupo armado, y que sí se llegó a presentar fue sin conocimiento de los líderes.
Entonces la opinión pública debe preguntarse si el Centro Democrático, tenía o no la razón cuando mostró oposición a un proceso de paz que no buscaba la reparación de las víctimas sino la impunidad de sus cabecillas, y es que el caso del reclutamiento forzado y la violencia sexual es uno de los hechos más dolorosos de los que se tenga memoria en nuestra historia política, porque muchos de estos niños y niñas fueron separados de sus padres, obligados a cometer crímenes, generando graves daños psicológicos y físicos que estarán marcados para siempre en sus vidas.
Como lo han documentado diferentes medios de comunicación, este proceso presenta dificultad porque muchos de los menores que fueron reclutados en su niñez, no tenían conocimiento de la violación a sus derechos y no hacen parte de alguna de las organizaciones de víctimas que se han creado, quedando en muchos casos por fuera sus versiones ante la justicia y viendo truncadas sus posibilidades de una justicia y reparación real y efectiva.
Cabe preguntarnos entonces si realmente vamos a construir una paz verdadera, cuando quienes cometieron estas atrocidades hoy gozan de privilegios como curules en el Congreso de la República, y ni siquiera le han contado la verdad al país, pasando por encima del dolor de las víctimas que dejaron. Este es un llamado a unirnos como país para que exijamos justicia, verdad y reparación para las víctimas, no podemos tener un país en paz cuando nuestra niñez ha sido violentada y los responsables de ellos no tienen el valor de contar la verdad aún cuando las víctimas han tenido que enfrentarlos.
Como concejal del Centro Democrático defiendo los valores de la justicia y creo que solo podremos construir una verdadera paz cuando tengamos un Estado fuerte, cuando no se premie a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, y cuando exista una reparación real a las víctimas, porque mientras tengamos una justicia amañada para estos delincuentes estamos allanando el camino para nuevas formas de violencia.
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