En mi columna de opinión de esta semana, quiero compartir con ustedes un tema que nos debe convocar a todos los colombianos, y son las elecciones del 2022, les hablaré un poco sobre el contexto político que tenemos actualmente, los retos que tenemos como país, lo que está en juego en esas elecciones y cual debe ser nuestra respuesta.

Esta semana que finalizó se presentaron varios hechos importantes, uno de ellos y el que mas nos llena de esperanza la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez por parte de la juez de control de garantías, el segundo hecho fue la declaración de las FARC de ser autores materiales en el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, el tercero la minga indígena que avanza y que tendrá como escenario final la ciudad de Bogotá y un cuarto hecho la campaña “Por mi empresa” que contó con todo el apoyo del sector privado.

Y nos preguntamos qué relación guardan estos hechos noticiosos en la actual coyuntura política nacional, pues es ahí donde se encuentran las preguntas claves sobre los temas más relevantes que debemos afrontar como país.  El actual proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ha puesto en el ojo de la opinión pública las inconsistencias y falta de garantías procesales que se dieron en la Corte Suprema de Justicia y que, al renunciar a su fuero como senador, esté dio traslado a la justicia ordinaria. Y es que la opinión pública ha conocido de hechos que enlodan el nombre del poder judicial, como el cartel de la toga, el de los falsos testigos, y el de una justica politizada, pero uno de los que consideramos más graves es la inoperancia de la JEP (Justicia Especial de Paz) que en todo este tiempo solo ha demostrado que fue hecha a la medida de los líderes de las FARC para limpiar sus delitos y ser un tribunal de impunidad, donde la reparación a las víctimas y la verdad solo están en el papel.

Así mismo, el desarrollo de la minga indígena, entraña un intento de desestabilización del gobierno nacional, hay que tener claridad que las poblaciones indígenas tienen una protección especial constitucional, que les permite tener su propia forma de gobierno, su jurisdicción, esta reunión que se realiza con la convocatoria de algunas organizaciones que los agrupan como la CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), han mostrado serios cuestionamientos por parte de otras organizaciones sobre la infiltración de grupos armados que tienen como objetivo la desestabilización del gobierno.  Hay que destacar que en el plan nacional de desarrollo se tiene inversiones por 10 billones para los indígenas, así como en las anteriores mingas se lograron mediante la presión que ejercieron tener acuerdos que no tiene ningún otro grupo poblacional.

Y es que la minga indígena está presentando 18 puntos que desbordan su accionar, como la reanudación de la negociación con el ELN, la renuncia del Ministro de defensa, dejando claro que detrás de sus demandas hay una agenda política por sectores de la izquierda radical, que tras la flexibilización de las medidas sanitarias, buscan promover paros y protestas en un intento por reconfigurar sus fuerzas políticas de cara a las próximas elecciones presidenciales, y como principal promotor el Sr. Gustavo Petro, quien a lo largo de este gobierno solo se ha dedicado a promover y llamar a los movimientos sociales a protestas que buscan generar el caos institucional.

Es claro que la situación que viven departamentos como el Cauca y Nariño donde existe un importante número de población indígena, tiene como trasfondo los cultivos ilícitos,  aunque no solo en estos dos departamentos sino en otras zonas del país, se está librando una batalla entre organizaciones criminales, disidencias de las FARC, ELN y grupos de narcotraficantes por el control de la producción y las rutas del narcotráfico, convirtiéndolo  en el combustible del conflicto y en los hechos de violencia que hemos visto en los últimos meses.

Pero dentro de ese contexto que se vive en algunos departamentos del país por el control del narcotráfico, y la conjunción de elementos desestabilizadores, tenemos que la actual crisis sanitaria generó en el sector privado muchas dificultades a nivel económico, como aumento de las tasas de desempleo, cierre de empresas y pérdida de inversiones en algunos sectores de la producción nacional,  por eso los empresarios  se movilizaron  para que se genere una conciencia de cuidado y protección a la empresa que es la generadora de desarrollo, empleo y riqueza. Pero mientras esto pasa algunos sectores de la oposición buscan promover el odio de clases, paros y protestas que terminan por afectar más nuestra golpeada economía.

Frente a estos hechos, tenemos que poner el OJO en el 2022, hay que corregir el rumbo de un país que entregó la institucionalidad a los bandidos de las Farc,  tenemos que reformar la justicia para que guarde su honorabilidad y no se convierta en tribunales políticos, necesitamos que la lucha contra el narcotráfico y los bandidos sea frontal, y no tener un país inundado en coca, así  mismo tenemos que defender el sector privado y la economía de mercado, necesitamos un país con crecimiento económico y empleo, no podemos entregar el país a los que nos quieren llevar por el despeñadero.

Es nuestra responsabilidad cuidar nuestro país, nuestras instituciones y construir un patria sin odio de clases, con una economía que nos permita ser líderes regionales, con oportunidades de educación y empleo, y con una fuerte inversión social, pero sobre todo un país con instituciones sólidas que luchan contra la corrupción y que no premian a los bandidos. Por eso los invito a que pongamos OJO con el 2022 porque es nuestro futuro y el de nuestros hijos el que está en juego.